Manifiesto por el
Guadalquivir Vivo
Ciudadanos que ya han firmado el manifiesto
El Guadalquivir está condenado a ser una gigantesca cloaca de aguas tóxicas venenosas procedentes de la minería. La Junta de Andalucía autoriza vertidos de 130.000 millones de litros de aguas altamente tóxicas y venenosas directamente en el Estuario del Guadalquivir, procedentes de dos minas distintas tras una depuración insuficiente: Mina Los Frailes situada en Aznalcóllar y Mina Las Cruces, situada entre Gerena, Salteras y Guillena.
La Mina Los Frailes, propiedad de Grupo México, construirá una tubería de 30 km desde las minas de Aznalcóllar para derramar 85.520 millones de litros de agua con metales pesados tóxicos directamente en el cauce del Estuario del Guadalquivir, que se sumarán a los vertidos de 44.460 millones de litros procedentes de la tubería de 12 km desde Minas Las Cruces, propiedad de First Quantum. En total 130.000 millones de litros.
Todo para el máximo beneficio de corporaciones extranjeras multimillonarias que no pagan ningún tipo de canon, para extraer la riqueza minera de nuestra tierra, recibiendo además subvenciones millonarias de la Junta de Andalucía, del gobierno central y de Europa, mientras saquean el agua de nuestros acuíferos más necesarios y emiten residuos masivos potencial y altamente tóxicos para la salud de las personas y el medio ambiente.
La catástrofe inminente para el Estuario del Guadalquivir
Este proyecto de reapertura incluye la construcción de una tubería de 30 kilómetros que, partiendo del recinto minero de Aznalcóllar y pasando por Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, termina en el Estuario del Guadalquivir, Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, a escasos metros del término municipal de Sevilla.
Inicialmente, en la primera fase de mayor peligro, se pretende verter 17.520 millones de litros en menos de 18 meses. De ellos, 15.000 millones de litros proceden del vaciado de la Corta de los Frailes, que contiene aguas ácidas, y otros 2.520 millones del vaciado de la Corta de Aznalcóllar, cuyo contenido es extremadamente ácido y metálico, donde están almacenados los lodos tóxicos desde 1998. Posteriormente se verterían 4.000 millones de litros anuales durante 17 años.
Estos vertidos podrían envenenar el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda y a las puertas del Parque Natural de Doñana, poniendo en grave peligro no solo la integridad de los ecosistemas, sino la salud de las personas y la seguridad alimentaria, pues el estuario abastece de agua a una proporción importante de los arrozales, de la agricultura de riego comarcal, siendo además vivero fundamental de mariscos y pescados que se esparcen de adultos por el Golfo de Cádiz.
Ni la Junta de Andalucía ni la promotora minera han realizado los estudios necesarios e imprescindibles de impacto acumulativo eco-tóxico en sedimentos y biota para evaluar los efectos en dicho estuario. El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana no ha sido convocado ni notificado durante la tramitación de esta Autorización Ambiental Unificada.
Andalucía no debe ser zona de sacrificio en beneficio de empresas mineras internacionales.
Nuestras demandas
Manifestamos un No rotundo a los vertidos mineros en el Estuario del Guadalquivir. No podemos consentir que el río grande del pueblo andaluz se convierta en una cloaca de vertidos tóxicos mineros. El Estuario del Guadalquivir es fuente de Vida y de sustento para los andaluces, no una cloaca para el mayor beneficio de multinacionales.
La Junta de Andalucía debe tener en cuenta los informes de científicos de reconocido prestigio de las universidades de Granada, Cádiz y Sevilla, que han realizado revisiones específicas para evaluar de manera objetiva los impactos de estos descomunales vertidos en el Estuario del Guadalquivir.
Como alternativa a los vertidos tóxicos, la Junta de Andalucía debe exigir a las empresas mineras la puesta en marcha de un sistema de depuración completa del agua mediante ósmosis inversa (membranas). El agua depurada podría usarse para un aprovechamiento sostenible en la comarca, generando empleo y riqueza ambiental.
Que se forme una comisión de científicos independientes de universidades andaluzas que aseguren, de modo independiente, el seguimiento de todos los procesos de extracción minera.
El modelo colonialista de extractivismo debe ser revisado y modificado para establecer la suficiencia de avales, garantías de restauración y mecanismos de control efectivo. Igualmente, hay que asegurar el principio de "quien contamina paga" y derogar el régimen de subvenciones públicas y ventajas fiscales especiales para multinacionales mineras.
Firma el Manifiesto
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