Mina Las Cruces — Gerena, Salteras y Guillena

Mina Las Cruces es un complejo de extracción de cobre ubicado entre los municipios de Gerena, Salteras y Guillena en la provincia de Sevilla, operado por "Cobre Las Cruces S.A." Desde 2013 es filial de la multinacional canadiense "First Quantum Minerals Ltd", cotizada en la bolsa de Toronto.

Es la mayor mina a cielo abierto de cobre de Europa, con 1.600 metros de longitud, 900 metros de diámetro y 240 metros de profundidad, atravesando el acuífero Gerena-Posadas. La mina operó como explotación a cielo abierto durante más de una década hasta 2021, cuando cesó la extracción.

Durante sus años operativos, la multinacional canadiense alcanzó beneficios récord cercanos a los 600 millones de euros.

El yacimiento se encuentra bajo los acuíferos de Gerena y Guillena-Cantillana, clasificados como reservas estratégicas de emergencia para el consumo humano de Sevilla. La operación extrajo más de 10 millones de metros cúbicos (10.000 millones de litros) de agua no autorizada del acuífero Gerena-Posadas, legalmente destinado al suministro urbano del área metropolitana de Sevilla.

La planta de procesamiento mineral vertió cerca de 10.000 millones de litros de agua contaminada con metales pesados en la Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir a través de una tubería de 12 kilómetros hasta el punto de vertido en La Algaba, directamente al estuario del Guadalquivir.

La planta hidrometalúrgica de Cobre Las Cruces produjo 670.000 toneladas de cobre de máxima pureza desde 2009, generando aproximadamente 590 millones de euros de beneficios.

Durante el proceso, la empresa utilizó ilegalmente más de 10 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas protegidas del acuífero. Además, las operaciones industriales vertieron cerca de 10.000 millones de litros de agua contaminada con metales pesados en la ZEC del Bajo Guadalquivir.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir implementó un sistema de drenaje-reinyección —un circuito cerrado de extracción y reinyección de aguas subterráneas que afectaba a aproximadamente 20.000 hectáreas. Este sistema garantizaba la extracción mineral en seco pero nunca cumplió su función de protección ambiental.

En mayo de 2008, la profundización de la corta se detuvo después de que la Confederación Hidrográfica detectara altos niveles de contaminación, principalmente por presencia de arsénico. Por estos hechos, tres altos directivos de la empresa fueron juzgados y condenados en septiembre de 2016 por delitos ambientales y daños al dominio público.

Cobre Las Cruces se enfrentó a sanciones continuas por extracción ilegal de aguas subterráneas entre 2014 y 2018. Sin embargo, estas acciones que pusieron en grave peligro la reserva de agua de Sevilla solo costaron millones —triviales en comparación con los beneficios de 2014 de aproximadamente 153 millones de euros.

El diseño original del sistema de drenaje, autorizado por la Confederación Hidrográfica, requería la reinyección de agua con pérdidas anuales máximas de 180.000 metros cúbicos. En julio de 2009, para combatir la contaminación por arsénico, se modificó la autorización mediante el "Plan Global de Gestión del Agua", incorporando purificación permanente por ósmosis inversa.

Así, el drenaje minero dejó de funcionar como sistema cerrado separado de otros sistemas de gestión del agua. En octubre de 2013, se modificó de nuevo la autorización, incluyendo compensación de pérdidas mediante la compra de derechos de pozos circundantes y recarga artificial del acuífero con aguas residuales de una planta depuradora de Sevilla.

En 2020, Ecologistas en Acción Andalucía analizó los volúmenes de aguas subterráneas gestionados por Cobre Las Cruces entre abril de 2009 y mayo de 2019. Calcularon una discrepancia que supera los 13.000 millones de litros (cifra exacta: 13.830.096 metros cúbicos) de agua extraída no reinyectada.

En 2003, la Junta de Andalucía concedió a Cobre Las Cruces la concesión de explotación tras la Declaración de Impacto Ambiental de mayo de 2002. Se sucedieron modificaciones de la Autorización Ambiental Integrada en 2005, 2007, 2016 y 2020.

La autorización de 2007 contemplaba 900.000 metros cúbicos anuales de vertido de aguas residuales al estuario del Guadalquivir (Red Natura 2000), operando continuamente desde 2009, 24 horas al día, 365 días al año. La autorización de 2020 incrementó los vertidos autorizados a 2.340.000 metros cúbicos anuales en el mismo punto.

Nunca se realizó una Evaluación de Impacto Ambiental rigurosa de estos vertidos a la Red Natura 2000, ni en 2002 ni en 2020, considerando el medio receptor y los objetivos ambientales de la ZEC. Los vertidos también podrían afectar al Parque Nacional de Doñana.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la segunda modificación del Plan Especial de Mina Cobre Las Cruces, que pretendía ampliar el ámbito minero para nuevas escombreras, por carecer de evaluación ambiental estratégica adecuada. En 2013, el municipio de Gerena inició procedimientos sancionadores por 23 infracciones urbanísticas.

Actualmente se reprocesa material estéril que aún contiene cobre, a la espera de autorización para un nuevo proyecto de minería subterránea y refinería polimetálica denominado PMR. La promotora identificó zonas de sulfuros primarios con cobre, zinc, plomo y plata, pudiendo extender la vida productiva 14 años más.

Esta mina subterránea requeriría más de 84.000 millones de litros de aguas subterráneas hasta 2036, violando gravemente los objetivos ambientales vigentes del Plan Hidrológico del Guadalquivir para las masas de agua subterránea de Gerena y Guillena-Cantillana. Para escapar de las restricciones de la Directiva Marco del Agua de la UE, la empresa solicitó —y obtuvo— la declaración de "Interés Público Superior".

El proyecto PMR vertería adicionalmente más de 32.000 millones de litros de agua contaminada con metales pesados en la ZEC del Bajo Guadalquivir, sin realizar estudios rigurosos de Impacto Ambiental sobre la biodiversidad del estuario, desde La Algaba hasta las costas del Parque Nacional de Doñana.

Además, la empresa minera pretende utilizar Fondos Next Generation de la UE, violando el principio de "No Causar Daño Significativo" (DNSH) —condición de la Unión Europea para acceder a dichos fondos.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir inició repetidos procedimientos sancionadores, todos tras denuncias de Ecologistas en Acción.

El Consejo de Ministros resolvió dos sanciones graves: julio de 2016 y junio de 2021, totalizando 1.923.091 euros en multas y 276.927,45 euros en indemnizaciones por daños. Actualmente hay procedimientos pendientes que incluyen multas adicionales y compensaciones.

Todos los procedimientos incluyen la cláusula: "La obligación inmediata de cesar la extracción mediante drenaje de más agua de la reinyectada según los márgenes autorizados." Sin embargo, la Confederación nunca adoptó medidas efectivas que modificaran la conducta infractora de la empresa minera. 2,2 millones de euros en sanciones son insignificantes frente a los 590 millones de beneficios obtenidos.

En enero de 2019, parcialmente por la sobreexplotación del acuífero, se produjo un colapso masivo y deslizamiento del talud norte de la corta. Esto obligó al sellado de la excavación. La explotación a cielo abierto finalizó en agosto de 2020 al expirar la concesión.

En 2010, la empresa estableció la Fundación Cobre Las Cruces con objetivos de ingeniería social. Las actividades incluyen: desarrollo de materiales didácticos ("Guía Didáctica de la Minería") y programas ("La Mina en la Escuela") dirigidos a colegios de los municipios afectados; anuncio de premios ambientales; establecimiento de programas de ayudas a asociaciones y colectivos sociales; y acuerdos municipales para instalaciones y financiación.

Cobre Las Cruces también participó en varios proyectos europeos sobre "Licencia Social para Operar", incluyendo los proyectos INFACT y NEMO, criticados por recopilar información sensible sobre grupos sociales y movimientos que denuncian las irregularidades de estas y otras empresas.

El proyecto minero de Cobre Las Cruces recibió numerosas subvenciones. En 2003, el Ministerio de Economía concedió 36.942.760 euros; al año siguiente, la Consejería de Empleo de Andalucía otorgó otros 10.555.074 euros.

En 2021, Cobre Las Cruces ganó un litigio en el Tribunal Supremo contra el Gobierno por la denegación de una subvención de 2018 de 23 millones de euros para el desarrollo del nuevo proyecto minero.

Cobre Las Cruces también se benefició de fondos europeos. Coordinó el proyecto INTMET —una iniciativa de 7,8 millones de euros de la que recibió 2.737.426 euros— y se benefició de los proyectos NEMO, INFACT, BioMOre y RAWMINA, recibiendo 1,5 millones de euros de este último.