Mina Los Frailes — Aznalcóllar

El complejo minero de Aznalcóllar abarca cerca de 950 hectáreas con dos minas a cielo abierto operadas desde 1975 hasta 2001. La corta de Aznalcóllar contiene lodos mineros altamente contaminados; Los Frailes está actualmente inundada con aguas ácidas y contaminadas.

La Junta de Andalucía puso en marcha un concurso para la reapertura de la Mina Los Frailes, que fue adjudicado de manera apresurada en febrero de 2015 al consorcio Minorbis-Grupo México. La empresa Minera Los Frailes S.L. (propiedad de Grupo México en un 97,31%) aceptó la concesión. Este concurso minero ha sido denunciado y se encuentra sometido a dos procesos judiciales, tanto por la vía administrativa como por la vía penal.

En julio de 2024, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul concedió la Autorización Ambiental Unificada (AAU). A pesar de las sustanciales alegaciones de numerosos grupos ecologistas, la autorización prosiguió. Actualmente, el proceso de reapertura se encuentra en su fase final en la Consejería de Industria, Energía y Minas. Minera Los Frailes pretende extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo mediante minería subterránea hasta que se agote la viabilidad económica.

Este concurso fue tramitado bajo legislación de 1973 de la dictadura franquista (Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas). La característica: la administración literalmente "regala" los minerales extraídos hasta su agotamiento, sin exigir contraprestación alguna —un "modelo de extracción colonialista" típico de naciones colonizadas.

Al contrario que en otros países, en España no existe ningún canon por la concesión de recursos minerales que pertenecen al dominio público. Estos derechos de extracción se adjudican mediante procedimientos denominados "concursos" pero sin contraprestación. Las multinacionales que reciben estos recursos minerales pueden venderlos sin límites ni restricciones legales en el mercado internacional.

Según estudios sistemáticos del Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB), España carece de mecanismo de canon que compense la riqueza extraída por las multinacionales mineras. Dicho canon solo existió entre 1876-1935; desde entonces, incluso en 2024, sigue siendo un tema tabú.

El Estado debería recibir la renta económica completa (precio de venta menos costes de extracción y restauración, incluyendo un beneficio razonable para el extractor), ya que cualquier pérdida afecta a los ciudadanos actuales y a las generaciones futuras. Este principio no se respeta. La legislación actual mantiene el mismo modelo de la era colonial de hace casi 100 años.

Además, tanto la administración andaluza como la nacional subvencionan el empleo teórico supuestamente generado por la minería, al tiempo que apoyan campañas de marketing para asegurar la aceptación social mediante el clásico método de "propaganda".

El proyecto de reapertura incluye la construcción de una tubería de 30 kilómetros desde las instalaciones mineras de Aznalcóllar, pasando por Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, hasta el Estuario del Guadalquivir —Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000—, a escasos metros del término municipal de Sevilla, exactamente frente al Estadio de la Cartuja.

Por esta tubería, durante más de 18 años, se verterán 85.520 millones de litros de agua con cantidades críticas de metales pesados (según declaraciones de la propia empresa) en el cauce del Guadalquivir.

A estos 85.520 millones de litros hay que sumar los 11.700 millones de litros de Mina Las Cruces (vertidos entre 2009-2022) y los 32.760 millones de litros previstos durante 14 años más. Total combinado: 129.980 millones de litros de aguas tóxicas.

Inicialmente, la fase de mayor peligro supone 17.520 millones de litros en menos de 18 meses: 15.000 millones del vaciado de la corta de Los Frailes (aguas ácidas) y 2.520 millones del vaciado de la corta de Aznalcóllar (lodos tóxicos almacenados desde la rotura de la presa de 1998). Posteriormente se verterían 4.000 millones de litros anuales durante 17 años.

Aunque existen procesos de depuración del agua, los niveles de contaminación autorizados mantienen concentraciones peligrosas de arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc. Este vertido amenaza la integridad de los ecosistemas, la salud humana y la seguridad alimentaria de los arrozales, la pesca, la ganadería, la acuicultura y la conservación de especies en peligro del estuario del Guadalquivir.

Municipios potencialmente afectados: Sevilla, Alcalá del Río, La Rinconada, La Algaba, Santiponce, Camas, Castilleja de la Cuesta, Tomares, San Juan de Aznalfarache, Bormujos, Mairena del Aljarafe, Gelves, Palomares del Río, Coria del Río, La Puebla del Río, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, El Cuervo de San Juan, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda.

Frente a esta catástrofe inminente, ni la Junta de Andalucía ni la promotora minera han realizado los estudios necesarios e imprescindibles de impacto acumulativo eco-tóxico en sedimentos y biota para evaluar los efectos en dicho estuario. Se han violado gravemente los principios básicos de precaución.

Científicos de prestigio de las universidades de Granada, Cádiz y Sevilla concluyen con máxima alerta: la afectación ambiental y humana sería catastrófica, casi irreparable para el estuario del Guadalquivir, la salud humana y numerosos sectores económicos.

En 1998, con el mismo telón de fondo de la explotación minera de Aznalcóllar, tuvo lugar un descomunal desastre ecológico que había sido anunciado años antes. Las administraciones públicas no lo evitaron.

La madrugada del 25 de abril, una brecha de más de 50 metros se abrió en el muro de la presa de aguas residuales mineras, provocando el vertido de 6.000 millones de litros de lodos contaminados y agua en la cuenca del río Guadiamar, matando a las poblaciones animales y vegetales de la zona. El Espacio Natural de Doñana también se vio afectado, convirtiéndose en la mayor catástrofe ecológica de España.

Más de 4.600 hectáreas fueron directamente afectadas por estos 6.000 millones de litros de lodos tóxicos, con alto contenido en arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y zinc, además de residuos del polo químico de Huelva depositados ilegalmente en la presa minera.

Los lodos fueron retirados del Guadiamar y depositados en la corta de Aznalcóllar, donde permanecen con agua acumulada por lluvias y escorrentía, contaminándose progresivamente. La calidad de las aguas subterráneas y superficiales ha estado amenazada desde entonces. Se creó el "Corredor Verde del Guadiamar", prohibiendo agricultura, caza, recolección y pastoreo.

El nuevo proyecto utilizará la corta de Aznalcóllar como depósito de los nuevos lodos generados, sumándose a los millones de toneladas almacenados desde 1998, agravando sin duda la situación como fuente de contaminación prácticamente permanente.

La tramitación de la autorización resulta incomprensible, ya que entre marzo y julio de 2025, 14 funcionarios y cargos políticos de la Junta de Andalucía, más los propietarios de Magtel, se enfrentan a juicio penal en la Audiencia Provincial de Sevilla por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, fraude, negociación ilegal y prevaricación medioambiental.

Es igualmente significativo que, después de la mayor catástrofe ambiental minera de España, en lugar de actuar con precaución, se tramitó apresuradamente un concurso presuntamente fraudulento actualmente bajo proceso judicial penal.

Además, el historial de Grupo México incluye el mayor desastre ecológico de la historia de México: el 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre derramó 40 MILLONES de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a más de 22.000 personas. Los efectos siguen siendo incalculables. Los residentes declararon: "Aún tememos beber esa agua. Prometieron plantas potabilizadoras pero no han cumplido... las enfermedades aumentaron. Las cosechas disminuyeron y ahora no hay pájaros".

La Junta de Andalucía invoca argumentos sobre el empleo directo e indirecto que proporcionaría la reapertura, pero ese empleo teórico recibe financiación de subvenciones públicas. Sin embargo, intencionadamente excluyen computar los efectos muy negativos sobre numerosos otros sectores económicos y empresas afectados por los desastres ambientales del Guadalquivir.

También se omiten: las pérdidas de empleo; las zonas degradadas; las especies de flora y fauna contaminadas o desaparecidas; la contaminación causada; la grave afectación a la seguridad alimentaria y todos los sectores económicos severamente impactados.

El Observatorio Ibérico de la Minería documentó que el empleo supuestamente generado por la actividad minera resulta temporal (hasta el cierre de la empresa o la quiebra) y que la propia insostenibilidad de la actividad produce depresión económica tras el cierre. Las empresas evitan cargas de responsabilidad ambiental y social mientras maximizan beneficios a través de la minería de las arcas públicas: extrayendo subvenciones, bienes de dominio público, beneficios fiscales exclusivos y facultad de expropiación forzosa.

Tres categorías de financiación pública de las que se beneficia la minería:

• Financiación pública de la contaminación minera mediante cuantiosas subvenciones.
• Financiación pública de campañas de propaganda (marketing que presenta a las entidades mineras como "héroes sociales").
• Ayudas públicas encubiertas (régimen fiscal favorable, garantías de restauración insuficientes).

En el informe del MINOB titulado "Minería y Derechos Sociales" se describe detalladamente las estrategias de ingeniería social desplegadas por los sectores mineros para lograr y mantener la llamada "aceptabilidad social".

Para ello, los sectores mineros utilizan entidades sin ánimo de lucro como fundaciones que gozan de ventajas fiscales, permitiendo que todos los gastos de propaganda y complacencia servil (camisetas y balones de equipos de fútbol, agendas de propaganda pro-minera, bombillas y farolillos de feria, becas de libros para mejores estudiantes...) sean fiscalmente deducibles.

La aceptabilidad social se ha convertido en el riesgo primario de las empresas mineras cuando se enfrentan a una ciudadanía consciente y activa que rechazará la servilidad por dádivas como indigna y denunciará las infracciones de derechos ambientales, laborales o de corrupción.

Manuel Delgado Cabeza, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, explica que desgraciadamente, los pueblos del sur como Andalucía son zonas de sacrificio para esta nueva etapa de acumulación que crea nuevas formas de colonialismo.

Detrás de cada megaproyecto minero hay una larga historia de destrucción: destrucción de hábitats, contaminación, agotamiento del agua, envenenamiento de la tierra e impactos en la salud humana. La minería ha sido históricamente instrumento esencial de dominación y colonialismo sobre los pueblos del sur.

En las dos últimas legislaturas, la Junta de Andalucía concedió más de 1.000 derechos mineros en 700.000 hectáreas. Casi el 10% del territorio andaluz se encuentra en condición de potencial minero. La reactivación minera como "pilar estratégico de un nuevo modelo productivo andaluz" y las reaperturas como Riotinto, Las Cruces o el inminente desastre de Los Frailes se produjeron con la complicidad de empresas mineras, corporaciones y gobierno.

Según el mapa minero del Observatorio, el extractivismo polimetálico más agresivo y destructivo se localiza en más del 90% en Andalucía. Este extractivismo se practica aquí desde mediados del siglo XIX con características de economía de nación colonizada.