Chipiona lleva a la Fiscalía el caso de los vertidos mineros en sus costas

El 10 de marzo de 2026, el Ayuntamiento de Chipiona presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por los vertidos mineros que llegan al estuario del Guadalquivir y alcanzan sus costas.

La denuncia se fundamenta en un estudio científico elaborado por nueve investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada y del Acuario de Sevilla, que concluye que las autorizaciones de vertido concedidas a las minas Cobre Las Cruces y Los Frailes (Aznalcóllar) no tienen una base científica y técnica sólida.

Según el estudio, los vertidos autorizados podrían causar graves impactos ambientales, socioeconómicos y de salud pública en el estuario del Guadalquivir.

La investigación, firmada por científicos de tres universidades andaluzas, revela que los sedimentos del estuario presentan altas cargas de metales ecotóxicos asociadas a los vertidos de agua tratada procedente de la mina Cobre Las Cruces.

Desde 2009, esta explotación ha vertido hasta 0,9 hectómetros cúbicos anuales de agua con metales y metaloides directamente al estuario del Guadalquivir, una Zona de Especial Conservación integrada en la Red Natura 2000.

El estudio alerta de que la reapertura de la mina de Aznalcóllar agravaría esta situación, añadiendo nuevos vertidos a un ecosistema ya comprometido.

La denuncia de Chipiona no es un caso aislado. Se ha formado una macroalianza que agrupa a municipios de la ribera y la desembocadura del Guadalquivir junto a organizaciones sociales, ecologistas, agrarias y pesqueras.

Entre los municipios que respaldan la acción judicial se encuentran Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, Trebujena, Los Palacios y Lebrija. A ellos se suman organizaciones como FACUA, COAG, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la plataforma Salvemos el Guadalquivir.

Los denunciantes alertan de que los vertidos suponen un riesgo directo para los ecosistemas, la producción de alimentos derivada del río —pesca, acuicultura y ganadería— y para la salud pública de las poblaciones ribereñas.

Además de la vía judicial, la alianza reclama a las administraciones competentes dos medidas urgentes:

• Una moratoria inmediata sobre todos los vertidos mineros autorizados al Guadalquivir.
• La creación de un comité científico interdisciplinar independiente que asesore a la administración autonómica en la evaluación de los impactos ambientales reales de estas actividades.

La situación es especialmente preocupante dado que ya se han detectado niveles de arsénico en galeras del Guadalquivir al borde de lo legalmente permitido, según han denunciado investigadores y organizaciones ecologistas.